Las personas incapacitadas de forma parcial y permanente están en una situación adversa, pues no tienen la plenitud de la fuerza laboral y no son consideradas técnicamente inválidas.

Las entidades promotoras de salud (EPS) tienen la responsabilidad de sufragar las incapacidades superiores a 540 días, aun si existe pérdida de capacidad laboral inferior al 50%. Así lo precisó la Corte Constitucional, por medio de una sentencia de tutela.

Lo anterior, por cuanto el déficit de protección legal que afrontaron los asegurados con incapacidades prolongadas por más de 540 días, ya sea porque no había sido calificado su porcentaje de pérdida de capacidad laboral o porque su disminución ocupacional es inferior al 50%, fue superado a través del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (L. 1753/15), en tanto allí el legislador atribuyó el pago a estas entidades.

Según la providencia, las eventualidades y responsabilidades en materia de incapacidades que superan los 180 días conducen a una evaluación por parte de las autoridades calificadoras acerca de la pérdida de capacidad laboral y, una vez efectuada la calificación, se generan tres escenarios posibles.

El primero, que no exista pérdida de capacidad laboral relevante para el Sistema General de Seguridad Social (SGSS), esto es, cuando el porcentaje de pérdida de capacidad laboral oscila entre el 0% y el 5%. El segundo, que se presente una incapacidad permanente parcial, es decir, cuando el porcentaje es superior al 5% en inferior al 50%. Y, el tercer escenario, que se genere una condición de invalidez cuando el porcentaje es superior al 50%.

Pérdida inferior al 50%

Las personas incapacitadas de forma parcial y permanente, esto es, inferior al 50%, se encuentran en una situación adversa, en la medida en que no tienen la plenitud de la fuerza de trabajo, pero no son consideradas técnicamente inválidas. Frente a ello, el alto tribunal enfatizó que existe una obligación en cabeza del empleador de reintegrar a afectado al puesto de trabajo que esté acorde con sus nuevas condiciones de salud, teniendo en cuenta el derecho a la estabilidad laboral reforzada.

Ahora bien, respecto de los empleados que no obtienen un porcentaje superior al 50% de pérdida de capacidad laboral, pero continúan recibiendo certificados médicos de incapacidad laboral pasados los referidos 540 días, el fallo precisa dos puntos de vista.

El primero consiste en revaluar la capacidad real de trabajo del afectado, en especial respecto del concepto de invalidez, pues esta condición es un estado que tiene relación directa con el individuo y con la sociedad en la cual se desenvuelve, y el criterio de evaluación debe tener patrones científicos que midan hasta qué punto el trabajador queda afectado para desempeñar la labor acorde con las características del mercado laboral.

De esta forma, concluyó que si una persona, pese a no considerase técnicamente en estado de invalidez, sigue incapacitada para trabajar con posterioridad a los 540 días, por motivos atribuibles a la razón del origen de la incapacidad, debe contar con un mecanismo para revaluar su porcentaje de habilidad para laborar, especialmente en aquellos casos en los que el concepto de rehabilitación es desfavorable, por cuanto el porcentaje de pérdida de capacidad laboral está íntimamente relacionado con su oficio.

Por el contrario, el segundo está relacionado con la desprotección que enfrenta la persona que recibe incapacidades prolongadas más allá de 540 días, dado que, en principio, no existía una obligación legal de pago de dichos certificados a cargo de ninguna de las entidades que integran el SGSS, con lo cual el trabajador quedaba desprotegido.

Por ello, la Corte reforzó su jurisprudencia y ordenó al Ministerio de Salud que difunda esta posición jurisprudencial entre las entidades del SGSS, para que, en adelante, apliquen estos criterios y no persista la desprotección de las personas que se encuentran en esta situación. (C. Const., Sent. T-401, jun.23/17, M.P. Gloria Stella Ortiz)